El Ejecutivo propuso anoche a los representantes sindicales de Función Pública -CCOO, UGT y CSI.CSIF- un aumento del salario de los funcionarios públicos del 0,3% en la retribución salarial y otra subida del 0,3% en la partida correspondiente al plan de pensiones, en ambos casos para 2010, condicionado por una claúsula de revisión salarial en 2012.
Los secretarios generales de las federaciones de los Servicios Públicos y de la Ciudadanía de UGT y CCOO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, así como al presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, aseguran que todavía no se ha concretado las subidas para 2011 y 2012, ya que la intención del Gobierno es firmar un acuerdo plurianual.
Miguel Borra, miembro de la Ejecutiva Nacional de CSI-CSIF, señaló a EFE que, tal como había propuesto ya el Ejecutivo, se aplicaría una cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo en esos dos ejercicios, que entraría en vigor el 1 de enero de 2012. Las cláusulas se activan cuando el IPC real supera al previsto, con lo que se evita que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Según los sindicatos, el Gobierno les ha transmitido que su previsión de IPC para 2010 es de entre el 0,7 y el 0,8%, mientras que en 2009 cerrará a la baja.
Las tres organizaciones sindicales estudiarán hoy en profundidad esta propuesta del Gobierno, al que tienen que dar una respuesta mañana, ya que hay que incluir estas alzas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que tendría que estar aprobado el 25 de septiembre como fecha límite. Según ha señalado esta mañana Radio Nacional de España, lo más probable es que la respuesta sindical sea favorable a las pretensiones del Ejecutivo.
Lacuerda lamentó en nombre de UGT que el Gobierno no haya plasmado por escrito todos los términos retributivos, así como la aplicación de la cláusula. No obstante, mostró su esperanza en que se den todas las condiciones para que los sindicatos puedan aceptar la propuesta del Ejecutivo, ya que su intención es no ser inamovibles. Borra valoró el que el Gobierno haya decidido dotar a los trabajadores de la administración de una cláusula, así como que haya cerrado con los sindicatos los aspectos que contempla el desarrollo del Estatuto del Empleado Público en materia de carreras profesionales, jubilación y modernización de la administración. Los sindicatos también valoraron de forma “satisfactoria” la Oferta de Empleo Público realizada por el Gobierno, informa Europa Press. Los sindicatos de funcionarios CCOO, UGT y CSIF arrancaron también el compromiso del Gobierno de flexibilizar en numerosos sectores de las administraciones la política de restricción de personal en 2010. Por ejemplo, en la tasa de reposición, según informa Miguel Valverde. Siete décimas menos En previsión de los desajustes que pueda sufrir el IPC, ambos sindicatos piden el establecimiento de una cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los funcionarios durante el trienio 2010-2012. Por su parte, CSI-CSIF aceptaría ese 1% siempre y cuando existiera una cláusula de revisión salarial al final de la legislatura. Los sindicatos de funcionarios CCOO, UGT y CSIF arrancaron ayer el compromiso del Gobierno de flexibilizar en numerosos sectores de las administraciones la política de restricción de personal en 2010. En concreto, de la prohibición de sustituir determinado porcentaje del personal que abandona la Administración por jubilación u otras causas o porque fallece. Es decir, lo que técnicamente se conoce como la tasa de reposición. Así, el Gobierno y los sindicatos acordaron excluir del recorte de ingresos de personal a la Sanidad, la Educación, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, los Servicios de Empleo, los Servicios Sociales y la atención a la dependencia, además de Justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Junto a ello, también quedarán excluidos el próximo año de la restricción de personal todos los ayuntamientos con una población inferior a 50.000 habitantes. Incluso, como criterio general, el Gobierno y los sindicatos han acordado vincular en todas las administraciones la restricción de ingresos de personal con el nivel de empleo temporal. Es decir, la sustitución de funcionarios será tanto más elevada cuanto más alto sea el nivel de empleo temporal, y en sentido contrario, si hay pocos puestos de trabajo interinos, según informaron a EXPANSIÓN Yolanda Palomo, secretaria general de la Administración del Estado de UGT y Merçé Serra, secretaria de Comunicación de la Función Pública de CCOO. En consecuencia, el Gobierno y los sindicatos de funcionarios sólo tienen pendiente de cerrar el capítulo salarial para los tres próximos años. Con este fin, la vicepresidenta Primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, convocó anoche a las centrales para intentar llegar a un acuerdo sobre la cláusula de revisión salarial frente a la inflación de los tres próximos años. Al cierre de esta edición, los sindicatos relacionaban el pacto sobre este aspecto con la posibilidad de aceptar que los salarios del próximo año puedan subir por debajo del 1%. Precisamente, en el mundo de las empresas, la patronal y los sindicatos demostraron ayer que sus posturas están muy lejos. CCOO y UGT rechazaron la propuesta de CEOE de reabrir una negociación sobre la reforma del mercado, tras el fracaso del pasado mes de julio. Por otra parte, condicionaron la discusión de un eventual acuerdo para los convenios de 2010 a que la patronal “desbloquee” los 1.500 acuerdos que, en opinión de los sindicatos, tiene parados por las diferencias salariales. CEOE rebatió que haya ordenado a las empresas paralizar los convenios. “Lo que está ocurriendo es que [las compañías] están aplicando la recomendación salarial de este año”, que aconseja una subida máxima del 1%. En apoyo de las tesis salariales de CEOE, la Oficina Europea de Estadística Europea informó ayer de que los costes laborales en España crecieron un 6% en el segundo trimestre del año, y en relación con el mismo periodo de 2008. Es decir, muy por encima del 4% de la media de la zona del euro, y del 3,7% del conjunto de la UE. Claro que buena parte de ello se debe a las indemnizaciones por despido, debido a la recesión, informa R.R. Lavín. Condiciones para cerrar un acuerdo Para cerrar un acuerdo hasta 2012 con el Gobierno, los sindicatos quieren que el Ejecutivo se comprometa a revisar los salarios si cuando termine la vigencia del pacto los 2,6 millones de funcionarios han perdido poder adquisitivo.
CCOO y UGT reclaman en su propuesta inicial una subida general del 1% en 2010 para el conjunto de las retribuciones de los empleados públicos y del IPC previsto (2%) para los ejercicios 2011 y 2012, “a revisar y ajustar en la negociación anual en función de las variables económicas”.Los funcionarios arrancan concesiones al Gobierno
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